REDACCION
Entre la población en edad de trabajar, encontramos 23.487.800 ciudadanos que figuran como activos (el 49,5%) y 16.648.600 como inactivos (el 35,1%).
Si nos fijamos en la distribución de los salarios, podemos ver también que
- el porcentaje de asalariados públicos que cobra más de 2.187 euros mensuales se sitúa en el 61,8%, mientras que ese mismo umbral solo lo rebasa el 22,3% de los ocupados en el sector privado.
- MILEURISTAS. Por el contrario, los salarios de menos de 1.260 euros son el 35% de los privados, pero solo el 7,9% de los públicos. Esto implica que las revisiones al alza del SMI afectan cuatro veces más al sector privado.
Datos de los trabajadores españoles
Españoles inactivos
La suma de jubilados y prejubilados suma 6.767.100 personas, el 14,3% de la población.
Los beneficiarios de otras pensiones son 1.805.700, un 3,8% del total.
Hay 877.400 personas con incapacidad permanente, el 2,6% de la población.
La cifra de estudiantes de más de 16 años asciende a 3.313.100, el 6,9%.
Las personas que desempeñan labores del hogar son 3.403.100, un 7,2%.
Hay un total de 482.200 personas en la categoría de inactivos, el 1% del padrón nacional.
Trabajadores en activo
Tenemos 3.086.800 autónomos, suponen el 6,5% de la población española.
Hay 13.850.800 empleados por cuenta ajena en el sector privado, el 29,2% de la población.
El número de trabajadores a sueldo del Estado (funcionarios, personal contratado, trabajadores de empresas públicas…) asciende a 3.526.200 asalariados, el 7,4% del total.
Se contabiliza un total de 3.024.000 desempleados, un 6,4%.
La diferencia retributiva alcanzó un máximo de 1.066 euros mensuales en 2020
Unas cifras casi igualadas
Estas cifras indican un balance entre la cantidad de españoles que generan riqueza de manera activa en el sector privado y el número de ciudadanos que no lo hacen.
Concretamente las cifras de la EPA arrojan que hay un 35,7% de la población ocupada en el campo empresarial en calidad de autónomos y de asalariados por cuenta ajena (16.937.600), mientras que la cifra de trabajadores del Estado, parados, incapacitados permanentes y pensionistas ya asciende al 34,5% del total (son 16.000.400).
Empuje de la contratación
Con todo, este escenario se entiende mejor teniendo en cuenta que además son las empresas del sector privado las que han protagonizado el mayor volumen de contrataciones y han sido el principal elemento tractor de la creación de empleo en los últimos años.
De los 2,08 millones de ocupados que se han sumado en los últimos tres ejercicios, un 90% (1,89 millones) corresponden a trabajadores incorporados al sector privado. Esta tendencia se ha ido intensificando tras los peores momentos de la crisis sanitaria: entre el tercer trimestre de 2020 y 2021 el 82,8% del empleo generado era privado; y la tasa ascendió al 95,7% entre 2021 y 2022, y al 96% de los 720.000 nuevos ocupados en los últimos doce meses.
Desde Institución Futuro insisten en que las subidas del SMI afectan desproporcionadamente al sector privado y tienen como efecto reducir la empleabilidad de cientos de miles de trabajadores que, a raíz de estos aumentos, lo tienen mucho más complicado a la hora de mantener su empleo o, sobre todo, entrar en la fuerza laboral desde un escenario de partida desfavorable, sea por falta de experiencia (jóvenes) o por un problema de paro de larga duración (mayores).
El dinero público paga el “sueldo” de 19 millones de españoles, 5 millones más que el sector privado
Solo el gasto anual en pensiones y sueldos de políticos y funcionarios roza ya los 300.000 millones de euros al año
El sector público se ha confirmado como la mayor «empresa» de España. Y lo es desde hace ya más de dos décadas, cuando allá por el año 2009, con los mandos del Gobierno en manos de José Luis Rodríguez Zapatero, el volumen de los ciudadanos que obtienen algún tipo remuneración directa por parte de las Administraciones Públicas supera claramente al número de asalariados integrados en el sector privado.
Por tanto, la nómina que debe afrontar el Estado engorda cada año y lo hace a la misma velocidad de crucero que marcan las recesiones, la inflación y el coste de la vida. Subsidios, prestaciones por desempleo, pensiones, sueldos de los funcionarios, perceptores del ingreso mínimo vital… La lista parece interminable y su proporción se ha disparado con las últimas tres crisis –la Gran Recesión, la pandemia del Covid y la guerra de Ucrania–, lo que ha sumado más peso a la factura en las cuentas públicas, que ya afronta el importe más alto de la historia.
Una brecha que, a pesar de los buenos datos acumulados de recuperación del empleo privado tras la pandemia, no ha dejado de crecer. Ateniéndonos a la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se contabilizan 20,7 millones de ocupados –en el mes de agosto se perdieron 185.000 afiliados a la Seguridad Social–, incluidos los 14,3 millones de asalariados del sector privado, un desfase de más de 6 millones de afiliados que se entienden por los que están integrados en el sector público y los autónomos.
Según los últimos datos del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) 1,7 millones de personas reciben algún tipo de prestación contributiva por desempleo, subsidio, renta de inserción y ayudas –como la de los eventuales agrarios o de las empleadas del hogar–.
Además, el Estado tiene en nómina a 3,5 millones de empleados públicos –entre funcionarios de carrera, interinos y temporales– según la EPA, aunque el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas solo reconoce que tiene en plantilla 2,7 millones, incluidas tanto la Administración central, como la autonómica y la local.
A estos números habría que sumar los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que el Ministerio de Seguridad Social afirma que ha alcanzado a 1,8 millones de personas, correspondientes a 672.000 hogares. Sin embargo, instituciones como la Airef o el Banco de España dudan de esas cifras y han reducido su impacto a solo 280.000 hogares, aunque las oficiales siguen marcando la estadística. Se suman 600.000 beneficiarios de rentas mínimas de inserción autonómicas.
Pensionistas
Y la traca final llega por el lado del sistema de pensiones. Según la Seguridad Social, a 1 de agosto estaban registrados en el sistema 9,1 millones de pensionistas contributivos. La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio los 12.000 millones de euros y en agosto alcanzó el récord de 12.039 millones. A este ritmo, a final de año la factura a pagar habrá superado de largo los 144.000 millones de euros. Hay que sumar medio millón de pensiones no contributivas, 700.000 pensiones de clases pasivas para funcionarios y casi un millón y medio de beneficiarios de prestaciones por dependencia.
Si se mira la masa salarial –la que corresponde a los sueldos y cotizaciones de funcionarios y políticos– que debe afrontar el Estado este año, superará los 153.000 millones de euros, casi 6.300 millones más que en 2022, con un aumento del 4,2% respecto al año anterior y casi medio punto por encima del 3,8% de aumento del gasto público total para el presente ejercicio. El coste de pensionistas y funcionarios superará pues los 297.000 millones de euros.
España es el segundo país de la UE que mejor paga a sus empleados públicos tras Luxemburgo
os empleados públicos españoles cobran un 44,32% más de media que los trabajadores del sector privado. Sólo en Luxemburgo (+47,04%) esta diferencia es mayor. Tras España, Chipre, Grecia, Portugal y Rumanía completan el top 6 de países que mejor tratan a sus funcionarios respecto a lo que se cobra en el sector privado.
Los sueldos públicos suben 6 veces más que los privados en la pandemia
