La última reforma legal planteada por los miembros del Gobierno de coalición -PSOE y Unidas Podemos- en el Congreso de los Diputados para forzar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar ya a los magistrados del Tribunal Constitucional ha generado un profundo malestar en el órgano de gobierno de los jueces.
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