Los ciudadanos, ignorante y/o ingenuamente, otorgan a sus gobernantes el derecho de jurisdicción sobre ellos, y no cabe esperar ―estúpidamente― que no lo ejerzan como consideren, llegando hasta donde quieran llegar, y pudiendo usar toda la fuerza bruta del poder para imponerse. El exceso ha llegado, incluso, al decreto de leyes obscenamente inconstitucionales de grosera ilegalidad, llevándose a cabo sin rubor, dejando bien a las claras el chulesco matonismo mafioso del gobierno, que tan dramáticamente nos desgobierna y tiraniza.
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