El Pleno ha fallado como ya lo hiciera el lunes, descartando apartarles y postergando la decisión, al considerar que se trata de una impugnación a una medida cautelarísima y que, por lo tanto, las partes no están legitimadas para pronunciarse. Por ese motivo los vocales progresistas (el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados María Luisa Balaguer, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán) formularán voto particular.
Así pues, las posiciones se mantienen intactas desde que este lunes los seis magistrados conservadores inclinaran la balanza a favor de paralizar la tramitación de la norma. Una decisión inédita por cuanto que es la primera vez que el órgano veta la tramitación de una norma en las Cortes. La votación salió por la mínima, ya que otros cinco miembros progresistas se mostraron partidarios de mantener el debate y, por tanto, no admitir a trámite la medida cautelarísima solicitada por el Partido Popular.
Pese a que el asunto ya estaba resuelto, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha tenido que convocar de urgencia a los actuales 11 miembros del Pleno a tenor de la impugnación registrada por el Senado este miércoles y a la que se ha adherido Podemos. La cámara baja buscaba ‘in extremis’ que las dos enmiendas del Gobierno que modifican el funcionamiento del TC y del CGPJ se pudieran votar finalmente en el Pleno de este jueves.
La cámara que preside el socialista Ánder Gil expuso en su impugnación que la suspensión de la reforma era una “decisión inédita y de máxima trascendencia”. “Debe entenderse como una actuación desproporcionada y produciría unos efectos gravemente perturbadores“, expuso el Senado. Además dijo que el Constitucional tendría que haber dado respuesta mientras la reforma estaba en el Congreso. El Pleno se convocó precisamente antes de la tramitación de la cámara baja, pero la negativa de los progresistas a votar impidió deliberar y forzó el retraso del cónclave al lunes.
Del mismo modo también se ha puesto sobre la mesa la pretensión de Podemos de apartar a dos magistrados conservadores del debate. En esta ocasión se ha unido la Fiscalía. Ambos entes entienden que el presidente del Constitucional y Narváez, los dos miembros elegidos por el Gobierno, no tendrían que deliberar sobre la medida cautelar ya que les afecta de manera directa.