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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al pago de una multa de 4.500 euros y a dos años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, por un delito de revelación de secretos, a un agente de la Policía Nacional que proporcionó datos sobre actuaciones policiales a un tercero, que también estaba acusado en este procedimiento pero ha resultado absuelto.

No podemos pecar de inocentes con todo lo que estamos viendo ahora mismo en España. Debido a los innumerables chiringuitos que se crean alrededor de las subvenciones del estado y a la falta de escrúpulos que tienen los políticos y los “chiringuiteros”,

Maldito y Newtral habéis intentado silenciar nuestro argumentario tirando de “amigotes” en las redes sociales para que nos eliminen nuestros canales. Algunas veces lo habéis conseguido, pero no conseguiréis callar nuestra voz, que es la voz de muchos, pero muchísimos españoles. ¡¡Uyy!! He dicho Españoles, esa palabra seguramente os crea urticaria ¿Verdad?.

Lo cierto es que con la victoria de Argentina frente Argelia, perdón, Francia, el mundo en el que vivimos sigue igual. Con deudas entre los países desproporcionadas, corrupción, fraudes y para el pueblo, además de todo lo indicado, menos libertad, menos trabajo, menos derechos… Pero bien, ha ganado Argentina… ¡¡Guauuuu!! Ya está todo listo.

Los hechos sucedieron sobre el mediodía del 5 de diciembre de 2015, cuando la condenada, junto a un hombre no identificado, abordó al perjudicado cuando entraba en su vivienda de Benaguacil y le pidieron dinero.

Tragedia absoluta en Castilla-La Mancha. La provincia de Cuenca amanece de luto y espanto. La conmoción embarga a todos. El cuartel de la Guardia Civil de la localidad conquense de Quintanar del Rey ha sido escenario a primera hora de este jueves de un suceso terrible que ha provocado un gran impacto: una mujer, agente de la Guardia Civil, ha matado presuntamente a sus dos hijas menores de edad y luego se ha suicidado. Un suceso durísimo e inexplicable que ha dejado a todos helados.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha ratificado la sentencia que condenaba a una entidad aseguradora a indemnizar con cerca de 100.000 euros a un propietario de un hotel rural que se vio obligado a cerrar su negocio por las restricciones Covid-19.